Rameras y costeadoras de lechos

En el uso común del lenguaje los ciudadanos acostumbramos a utilizar indistintamente términos que, siendo reconocidos como sinónimos en las cuestiones de índole general, dejan de serlo en áreas específicas del conocimiento. El propio diccionario de la RAE establece relaciones de sinonimia entre determinadas acepciones de dos vocablos, no haciéndolo así con el resto, de manera que dos términos habitualmente sinónimos dejan de serlo porque, precisamente, en algún ámbito específico le confiere a alguno de ellos una acepción que lo diferencia, lo que conlleva a inferir que en el ámbito técnico el rigor en el empleo del lenguaje se hace especialmente necesario.

La política española se ha abstraído de esta máxima y aun conformando una disciplina concreta del saber, con frecuencia permite que se utilicen términos cuyo significado es extraído de las acepciones del lenguaje común, de ahí que se cometan todo tipo de imprecisiones y se promuevan la más grandes falsedades.

Debido a la escasa cultura política del ciudadano y al interés de la clase dirigente en mantenerlo en ese estado de desinformación, las cauciones liberales del s. XIX no han sido sustituidas por las precauciones democráticas que la teoría de la democracia moderna y la tecnología posmoderna nos han brindado. Caución y precaución, dos vocablos cuya relación sinonímica se establece a través del concepto de la garantía, son trasladados desde el mundo civil-mercantil al político como si ambos pudieran ser considerados de igual naturaleza.

No es lo mismo tomar precauciones que establecer cauciones. Una caución es una garantía que presta una persona o institución para asegurar el cumplimiento de una obligación. El incumplimiento es posible pero la garantía prestada disuade al actor de cometerlo. Sin embargo, una precaución es algo distinto. Es una reserva, una cautela para evitar que se produzca un perjuicio.

La práctica de la caución resulta eficaz en el mundo mercantil porque el posible incumplidor es el garante. Si una persona o empresa presta a otra un aval como caución ante un posible incumplimiento, lo normal es que cumpla su obligación para no ver ejecutado su aval indemnizatorio por la parte contraria. Pero no ocurre así en el ámbito político. En primer lugar porque hay daños ante los cuales no cabe restitución alguna, como es el caso de los derechos fundamentales. En segundo lugar, porque la garantía en último término la presta el agraviado, es decir el ciudadano. Si el presidente de una institución pública presta un aval o se compromete a pagar una sanción como consecuencia de un incumplimiento, en realidad no es él quien acaba pagando la sanción sino la propia institución que por su carácter público recae sobre el pueblo.

En la política, ante la imposibilidad de prestar una garantía equivalente a los posibles daños producidos o de que exista un elemento disuasorio a la condición humana que los produce, la precaución es la única vía eficiente. Pues actúa antes que la caución, como etimológicamente queda evidenciado, y antes de que se produzca el daño.

La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que pretende aprobar Rajoy (en este país la partidocracia no guarda ni las formas y anuncia desde el Poder Ejecutivo que va a aprobar una ley, dando por hecho con todo el cinismo que el Poder Legislativo compuesto por dóciles funcionarios de partido se doblegará a su voluntad) se mantiene en la tradición basada en la responsabilidad en el ejercicio del poder. “Se sancionará a la institución que incumpla el rigor presupuestario”. Sí, una vez que el político de turno haya conseguido su objetivo personal y a costa de que los ciudadanos, como las rameras que pagan la cama, acaben haciéndose cargo por doble vía del desaguisado político. Si ante esta exposición no recibimos más respuesta que la de que se contemplarán sanciones penales, podemos contestar que para eso ya existe el código penal. Y ya veríamos qué consecuencias podrían surgir en un Estado sin separación en origen de poderes.

En España no se toman jamás precauciones políticas dignas de los sistemas garantistas, única forma de que los daños no lleguen a producirse. ¿Necesitan un ejemplo de precaución o de garantía a priori? La intervención judicial de cualquier Administración pública en la que los gastos sobrepasen a los ingresos. ¿Necesitan otra? La revocatoria automática del mandato de quien intenta extralimitarse en sus funciones. ¿Uno más? La rendición de cuentas semestral para toda Administración.

No es difícil pensar en ellas. El representante sólo tiene que pensar en los representados mientras redacta una ley para que éstas y otras ideas broten en su imaginación de manera espontanea. Pero para eso tiene que haber verdaderos representantes.



Lorenzo Abadía Escario

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