La Justicia, rodeada de sombras de politización y falta de independencia –realidad en ciertos casos– se encuentra ahora con el presidente del Tribunal Supremo sujeto a sospechas –que deseo infundadas y carentes de toda consistencia– de mala utilización de fondos públicos. La Fiscalía, que normativamente es defensora de la “legalidad”, se percibe y no sin razón en ciertas actuaciones como un instrumento al servicio del poder.
Los partidos políticos y los sindicatos, instituciones que en otros tiempos recibían la consideración social, se encuentran hoy con unos niveles de rechazo en la valoración social impensables años atrás. Y ahora el Banco de España. Su credibilidad como supervisor de las entidades financieras acaba de ser demolida desde la UE al reclamar que sean expertos independientes, por ella designados, los que efectúen la labor de evaluación de los activos “del ladrillo” en poder de las entidades financieras españolas. Dramático. Lo comprendo porque conozco cómo funciona el Banco de España, pero duele como español la humillación. ¿Por qué hemos llegado aquí? La respuesta es clara: por la existencia de un sistema de poder tejido con intereses de clase política, algo que ya denuncié en 1994 (El Sistema. Mi experiencia del poder).
Tenemos en nuestras manos la oportunidad –y el deber– de diseñar e implantar un nuevo modelo de convivencia que destierre la arbitrariedad y permita a la sociedad civil recuperar sus derechos en la gestión de la res publicae. No es fácil, desde luego, pero es la labor que reclama España.
Suscribo. Pero ¿de verdad queremos? Veo mucha indolencia a mi alrededor, demasiado pesimismo y cierto acobardamiento derrotista...
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