“La justicia obtenida a cualquier precio deja de ser justicia”. Vulneró a sabiendas el derecho de defensa y el secreto profesional. Actuó con prácticas que “sólo se encuentran en los regímenes totalitarios”. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha sido rotunda en su sentencia, emitida por unanimidad de los siete magistrados, que condena a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas en el caso Gürtel. Al contrario que la decisión del TAS sobre el ciclista Alberto Contador, que también ha provocado reacciones airadas en un sector de la sociedad española esta semana, no hay discusión posible sobre los hechos ocurridos. El propio juez admitió ante el tribunal las escuchas a los abogados de la defensa. Y no hace falta haber cursado la carrera de Derecho para saber que eso está terminantemente prohibido. Únicamente en los casos de terrorismo se autorizan dichas escuchas, y solo con la autorización pertinente. Por muy loables que fueran sus intenciones, quebrantó la ley a sabiendas de que lo hacía.
Extraña la indignación de buena parte de la izquierda española ante la más clara de las tres causas abiertas contra Garzón, sobre todo cuando los errores del juez podrían invalidar las pruebas contra los imputados de Gürtel. También extraña la opinión de un periódico supuestamente prestigioso como el “New York Times”, que ve elementos “fascistas” en el Alto Tribunal, insultando a la Justicia española e ignorando, además, que algunos de los magistrados del Supremo que dictaron la sentencia se encuadran en el llamado sector “progresista” de la judicatura. Y repugnan las declaraciones del propio Garzón, al decir que “la sentencia estaba anunciada desde hace meses”. Esa frase, indigna de alguien que ha ejercicio el Derecho durante décadas, solo se puede entender como el gesto populista de alguien que prepara un inminente salto a la política.
El propio juez Garzón dio ejemplo, con su labor, de que el fin no justifica los medios. Fue en la causa de los GAL, una actuación que le costó la hostilidad de un amplio sector del PSOE, después de haber entrado en política integrando la lista electoral de ese partido. No vale el terrorismo de Estado para combatir el terrorismo, como tampoco son aceptables las escuchas a los abogados defensores, algo más propio de un régimen totalitario y del Gran Hermano de Orwell que de una verdadera democracia.
Porque, si debemos hacer justicia a cualquier precio, no habremos de encontrar inconveniente, por ejemplo, en torturar a los condenados por la muerte de Marta del Castillo, para que revelen el paradero del cuerpo. Y si el fin justificase los medios, también se permitiría la tortura para interrogar a José Bretón, el padre de los niños desaparecidos en Córdoba, para que contase de una vez qué les ha ocurrido a los pequeños. Y, desde luego, se trata de casos más dramáticos que el de la trama de corrupción de la Gürtel.
Garzón no es el primer juez, ni será el último, condenado por prevaricación. Por citar dos casos relevantes, antes fueron enjuiciados y apartados de la carrera judicial Pascual Estevill y Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en el caso Sogecable. El caso de Gómez de Liaño es el reverso de la moneda de la causa contra Garzón. Enemistado con el juez jiennense, Gómez de Liaño fue indultado por el gobierno de Aznar, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el Tribunal Supremo violó su derecho a un tribunal independiente e imparcial cuando le condenó por prevaricación. La misma izquierda que rechaza hoy la sentencia contra Garzón jaleó la condena de Gómez de Liaño, el juez que llevó el caso Lasa y Zabala, el primer crimen de los GAL, y que imputó a Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad. Algunos periódicos que hablan de “persecución” a un juez para defender a Garzón no decían lo mismo de otro juez destacado en la investigación de los GAL, Gómez de Liaño, que hoy ejerce como abogado y no ha vuelto a la carrera judicial. El propio Gómez de Liaño, según señala la edición digital de “Tiempo”, criticó la pretensión del PP de querellarse contra Garzón por no inhibirse en el caso Gürtel.
Recuerdo que hace casi veinte años, cuando aún estudiaba en la Universidad, redacté un perfil de Baltasar Garzón que se titulaba “hacer de la toga un sayo”. El título, que apelaba tanto a la audacia del juez -en su persecución a ETA y al narcotráfico- como a su desprecio por ciertos aspectos de procedimiento, así como a su breve aventura política, sigue plenamente vigente en la actualidad. Los mismos pinchazos telefónicos que malograron la sentencia de la operación Nécora contra el narcotráfico han acabado con su carrera judicial. Garzón es el mismo juez que persiguió eficazmente el terrorismo y su entorno y el que ordenó el cierre del periódico “Egunkaria”, en una decisión muy discutida. Un gran juez y un pésimo instructor, según opinión generalizada de quienes han seguido su carrera. Grandes logros y grandes fracasos de un juez cuyos métodos han sido siempre cuestionados, bordeando a veces los límites de lo legal. No parece casualidad, ni el resultado de persecución política alguna, que hoy tenga todavía dos causas abiertas, y que la tercera haya caído en su contra. Quienes dicen que se ha acabado con el juez que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo ignoran una trayectoria de veinte años que, si bien no ha estado exenta de luces brillantes, también ha estado plagada de sombras.
Post data: aún no he encontrado en las redes sociales (Twitter, Facebook) ninguna persona que se oponga a la decisión del Tribunal Supremo y que defienda, al mismo tiempo, la legitimidad de las escuchas a los abogados de la defensa. Se habla de “persecución”. Cierto. Hay que perseguir todos los delitos, incluso los de los jueces. Incluso los de Urdangarín. Incluso los del Rey, si los cometiese. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces. Esa es la grandeza de la democracia.
http://gentedigital.es/comunidad/rafagas/2012/02/10/hacer-de-la-toga-un-sayo/
Extraña la indignación de buena parte de la izquierda española ante la más clara de las tres causas abiertas contra Garzón, sobre todo cuando los errores del juez podrían invalidar las pruebas contra los imputados de Gürtel. También extraña la opinión de un periódico supuestamente prestigioso como el “New York Times”, que ve elementos “fascistas” en el Alto Tribunal, insultando a la Justicia española e ignorando, además, que algunos de los magistrados del Supremo que dictaron la sentencia se encuadran en el llamado sector “progresista” de la judicatura. Y repugnan las declaraciones del propio Garzón, al decir que “la sentencia estaba anunciada desde hace meses”. Esa frase, indigna de alguien que ha ejercicio el Derecho durante décadas, solo se puede entender como el gesto populista de alguien que prepara un inminente salto a la política.
El propio juez Garzón dio ejemplo, con su labor, de que el fin no justifica los medios. Fue en la causa de los GAL, una actuación que le costó la hostilidad de un amplio sector del PSOE, después de haber entrado en política integrando la lista electoral de ese partido. No vale el terrorismo de Estado para combatir el terrorismo, como tampoco son aceptables las escuchas a los abogados defensores, algo más propio de un régimen totalitario y del Gran Hermano de Orwell que de una verdadera democracia.
Porque, si debemos hacer justicia a cualquier precio, no habremos de encontrar inconveniente, por ejemplo, en torturar a los condenados por la muerte de Marta del Castillo, para que revelen el paradero del cuerpo. Y si el fin justificase los medios, también se permitiría la tortura para interrogar a José Bretón, el padre de los niños desaparecidos en Córdoba, para que contase de una vez qué les ha ocurrido a los pequeños. Y, desde luego, se trata de casos más dramáticos que el de la trama de corrupción de la Gürtel.
Garzón no es el primer juez, ni será el último, condenado por prevaricación. Por citar dos casos relevantes, antes fueron enjuiciados y apartados de la carrera judicial Pascual Estevill y Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en el caso Sogecable. El caso de Gómez de Liaño es el reverso de la moneda de la causa contra Garzón. Enemistado con el juez jiennense, Gómez de Liaño fue indultado por el gobierno de Aznar, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el Tribunal Supremo violó su derecho a un tribunal independiente e imparcial cuando le condenó por prevaricación. La misma izquierda que rechaza hoy la sentencia contra Garzón jaleó la condena de Gómez de Liaño, el juez que llevó el caso Lasa y Zabala, el primer crimen de los GAL, y que imputó a Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad. Algunos periódicos que hablan de “persecución” a un juez para defender a Garzón no decían lo mismo de otro juez destacado en la investigación de los GAL, Gómez de Liaño, que hoy ejerce como abogado y no ha vuelto a la carrera judicial. El propio Gómez de Liaño, según señala la edición digital de “Tiempo”, criticó la pretensión del PP de querellarse contra Garzón por no inhibirse en el caso Gürtel.
Recuerdo que hace casi veinte años, cuando aún estudiaba en la Universidad, redacté un perfil de Baltasar Garzón que se titulaba “hacer de la toga un sayo”. El título, que apelaba tanto a la audacia del juez -en su persecución a ETA y al narcotráfico- como a su desprecio por ciertos aspectos de procedimiento, así como a su breve aventura política, sigue plenamente vigente en la actualidad. Los mismos pinchazos telefónicos que malograron la sentencia de la operación Nécora contra el narcotráfico han acabado con su carrera judicial. Garzón es el mismo juez que persiguió eficazmente el terrorismo y su entorno y el que ordenó el cierre del periódico “Egunkaria”, en una decisión muy discutida. Un gran juez y un pésimo instructor, según opinión generalizada de quienes han seguido su carrera. Grandes logros y grandes fracasos de un juez cuyos métodos han sido siempre cuestionados, bordeando a veces los límites de lo legal. No parece casualidad, ni el resultado de persecución política alguna, que hoy tenga todavía dos causas abiertas, y que la tercera haya caído en su contra. Quienes dicen que se ha acabado con el juez que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo ignoran una trayectoria de veinte años que, si bien no ha estado exenta de luces brillantes, también ha estado plagada de sombras.
Post data: aún no he encontrado en las redes sociales (Twitter, Facebook) ninguna persona que se oponga a la decisión del Tribunal Supremo y que defienda, al mismo tiempo, la legitimidad de las escuchas a los abogados de la defensa. Se habla de “persecución”. Cierto. Hay que perseguir todos los delitos, incluso los de los jueces. Incluso los de Urdangarín. Incluso los del Rey, si los cometiese. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces. Esa es la grandeza de la democracia.
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